Santiago, enero de 2013
En
enero de 2012, un incendio forestal en la comuna de Carahue costó la vida de
siete brigadistas. Un año después, un atentado incendiario en la comuna de
Vilcún provoca la muerte de un matrimonio. En ambos casos la autoridad apuntó de
inmediato a buscar culpables entre las comunidades mapuche que reivindican lo
que consideran parte de sus tierras ancestrales.
Una
serie de sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia durante
el año 2012 constatan que el Estado a través de sus organismos policiales
vulnera derechos básicos del pueblo mapuche. En los fallos de este período se
incluyen explícitos llamados de la magistratura a esos organismos del Estado a
respetar las disposiciones constitucionales y principios internacionales que
Chile ha suscrito pero no cumple, y también aluden, de manera expresa, a la
obligación de respetar los Derechos del Niño.
G.V.M
es un adolescente mapuche de 17 años de edad y se encuentra privado de libertad
desde el pasado 3 de septiembre, imputado por el crimen del parcelero Héctor
Gallardo Aillapán. Su comunidad y su familia han vivido recurrentes episodios de
violencia policial y el mismo G.V.M. fue uno de los siete heridos que dejó un
allanamiento a su hogar el 7 de junio de 2012. Aunque niega toda participación
en el caso, para evitar a los suyos una nueva jornada de violencia se presentó
voluntariamente ante la Policía de Investigaciones, PDI, y desde entonces se
encuentra internado en el Centro Cerrado del Sename en Chol Chol.
El
paso fugaz del Presidente Sebastian Piñera por Ercilla el 16 de octubre de 2012
dejó una secuela de represión entre las comunidades mapuche que rechazaron su
visita. Entre una decena de detenidos en esa jornada
figura Vania Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui,
quien fue imputada por el Ministerio Público como autora de
“desórdenes graves” y sometida a juicio abreviado que concluyó el pasado el 17
de enero cuando el Tribunal de Collipulli la declaró culpable, quedando
pendiente la dictación de la sentencia.
En Chile, los niños y niñas indígenas son quienes
resultan más afectados por la inexistencia de políticas de interculturalidad,
plantea Mylene Valenzuela, abogada, directora de la Clínica Jurídica de la
Universidad Central de Chile. “La situación de los niños y niñas indígenas es de
discriminación y exclusión en todas las esferas, en lo cultural, económico y
social”.
Para ver estos textos vaya a: http://libertadninos.wordpress.com/
|
En este blog estaré compartiendo fragmentos de textos de todos los tiempos, particularmente aquellos que tratan del mundo mapuche -aunque también de otros asuntos -.
miércoles, 23 de enero de 2013
BOLETIN PICHIKECHE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario