miércoles, 23 de enero de 2013

BOLETIN PICHIKECHE




Santiago, enero de 2013
En enero de 2012, un incendio forestal en la comuna de Carahue costó la vida de siete brigadistas. Un año después, un atentado incendiario en la comuna de Vilcún provoca la muerte de un matrimonio. En ambos casos la autoridad apuntó de inmediato a buscar culpables entre las comunidades mapuche que reivindican lo que consideran parte de sus tierras ancestrales.

Una serie de sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia durante el año 2012 constatan que el Estado a través de sus organismos policiales vulnera derechos básicos del pueblo mapuche. En los fallos de este período se incluyen explícitos llamados de la magistratura a esos organismos del Estado a respetar las disposiciones constitucionales y principios internacionales que Chile ha suscrito pero no cumple, y también aluden, de manera expresa, a la obligación de respetar los Derechos del Niño.



G.V.M es un adolescente mapuche de 17 años de edad y se encuentra privado de libertad desde el pasado 3 de septiembre, imputado por el crimen del parcelero Héctor Gallardo Aillapán. Su comunidad y su familia han vivido recurrentes episodios de violencia policial y el mismo G.V.M. fue uno de los siete heridos que dejó un allanamiento a su hogar el 7 de junio de 2012. Aunque niega toda participación en el caso, para evitar a los suyos una nueva jornada de violencia se presentó voluntariamente ante la Policía de Investigaciones, PDI, y desde entonces se encuentra internado en el Centro Cerrado del Sename en Chol Chol.

El paso fugaz del Presidente Sebastian Piñera por Ercilla el 16 de octubre de 2012 dejó una secuela de represión entre las comunidades mapuche que rechazaron su visita. Entre una  decena de  detenidos en esa jornada figura Vania Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, quien  fue imputada por el Ministerio Público como autora de “desórdenes graves” y sometida a juicio abreviado que concluyó el pasado el 17 de enero cuando el Tribunal de Collipulli la declaró culpable, quedando pendiente la dictación de la sentencia.

En Chile, los niños y niñas indígenas son quienes resultan más afectados por la inexistencia de políticas de interculturalidad, plantea Mylene Valenzuela, abogada, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Central de Chile. “La situación de los niños y niñas indígenas es de discriminación y exclusión en todas las esferas, en lo cultural, económico y social”.

Para ver estos textos vaya a: http://libertadninos.wordpress.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario