sábado, 29 de marzo de 2014

Los Mapuche: Entre Historias y Perdones

“Es preciso decir que el perdón hecho, solicitado o propuesto recientemente es muy importante en el plano simbólico, pero, éste vale bastante poco si no va acompañado del respectivo resarcimiento, tal cual lo establecen instrumentos internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado o adherido…”

pacificacion araucania
Por Mario Ibarra.
Un proverbio nigeriano dice: “Si los leones tuvieran sus propios historiadores, las hazañas que cuentan los cazadores serían diferentes”.
Hace pocos días, el diario “El Mercurio” (19/03/2014) publicó una carta de un historiador  (Premio Nacional de Historia), donde se pueden leer referencias directas a un discurso pronunciado por el Sr. Intendente de la IX Región en el cual, esa autoridad, fijaba su “carta de navegación” y –entre otros asuntos– planteaba la necesidad de pedir perdón al pueblo mapuche.
La parte medular de la antedicha misiva está arrebujada en el siguiente párrafo: “Hay que conocer la historia. Los araucanos [sic] poseían vastas extensiones de tierras y utilizaban cortos espacios junto a las rucas. Para la nación chilena era un desperdicio que debía ser superado. La incorporación de La Araucanía fue un éxito, no obstante la existencia de bolsones atrasados, debido a defectos ancestrales […]”.
Sin hacer referencias a entelequias anteriores de la misma autoría, pero –para no arriesgar vómitos, arcadas y nauseas– es conveniente advertir que sería bastante osado engullir la forma de “conocer la historia”, “el desperdicio”, “la incorporación”, el “éxito”, los “bolsones atrasados” y los “defectos ancestrales” que  descuellan de los 277 caracteres utilizados en la construcción del párrafo citado.
No es fisgón notar que la lengua enjaulada por Nabrija, domada por Cervantes y cabalgada por Neruda, como sinónimos para historiador nos proponga: analista, archivero, cronista, narrador, escritor y ensayista; y, para historia, en la primera acepción nos diga: “narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados”, pero, en la séptima y octava acepciones, precisa que historia también significa “narración inventada” y “mentira o pretexto”.
Leyendo los pasajes pertinentes de la carta del galardonado historiador, en lo que respecta a la ocupación del territorio mapuche, todo parece indicar que su concepto primigenio de ese período está enraizado (o se quedó enredado) en las séptima y octava acepciones. La “Pacificación de la Araucanía” fue una guerra, dirigida por el Ministerio de la Guerra, concebida, conducida e implementada por militares y consignada en partes e informes de guerra.
Todos los conflictos, guerras, peleas, escaramuzas, etc.,  paren dos historias: aquella escrita por los ganadores y esa que queda almacenada en la memoria de los derrotados y que se trasmite de generación en generación. Las dos existen, a veces coinciden (fechas, nombres, lugares, etc.) y generalmente están absolutamente divorciadas (específicamente, en sus dimensiones humanas); lo anterior, en ningún caso, situación o circunstancia significa que el historiador está compelido a buscar términos medios.
Existe una discordancia que es primordial, pues, la historia escrita por los ganadores (o los que se sienten identificados con la victoria) tiene que negar hechos o buscar argumentos para justificarlos, disminuir y/o relativizar los efectos de algunas acciones y tapar algunas críticas o desacuerdos que pueden haber surgido en el momento o, inmediatamente, después.
Así, un análisis acucioso de los documentos de la época de la “pacificación” nos muestra los parches, los remiendos, los “vuelos rasantes” y las lecturas inicuas que los “historiadores modernos” tienen que hacer para justificar cuantiosos hechos atroces y disimular muchos actos “dignos de memoria”  por brutales e inhumanos.
Sin menospreciar ni, mucho menos, negar la historia acopiada en la memoria de los derrotados, en los tres párrafos que siguen se intenta formular una pregunta para saber cómo los “historiadores modernos” y sus seguidores explican las afirmaciones y los hechos allí consignados.
La táctica del coronel Cornelio Saavedra (autor e implementador del plan de “pacificación”)  era obligar a los mapuche “[…] a permanecer en una vida errante i agotar sus recursos, sirviendo al mismo tiempo de freno, para que las tribus que aun permanecen indecisas, no se sumen a los rebeldes, para evitar los males de la guerra, lo cual se les ha prevenido ya”. Y, el general Manuel Pinto (en la Memoria de 1869) complementaba diciendo: “[…] las dificultades que se tropieza a cada paso en una guerra tan escepcional, hacen imposible terminarla en un corto espacio de tiempo, i justifican el sistema de privar a los [mapuche] de sus recursos […] como el único medio de traerlos a la paz”.
En 1881, las instrucciones para la pacificación, entre otros asuntos, decían: “Los jefes de las respectivas divisiones deben tener presente que el único objetivo es hacer desaparecer esas tribus i que, por consiguiente, se las debe hostilizar en todo sentido, es decir, tomándoseles sus animales, destruyéndoseles sus casas i aprisionándoles sus familias i no dándoles cuartel a los que resisten”.  (diario “El Araucano”, 31/05/1881).
La “campaña del Ñielol” comenzó el 22/04/1881, los partes de guerra dicen que las tropas  “durante 12 días persiguieron a los [mapuche], quemaron más de 500 rucas, mataron a los principales caciques y numerosos conas, tomaron prisioneros a 70 hombres y un número considerable de mujeres y niños, y arrearon 800 animales vacunos y caballares, 600 de estos animales fueron rematados en Traiguén”. A propósito de dicha campaña, el diario “El Araucano” (08/05/1881) escribe: “El resultado de la expedición del Ñielol ha sido verdaderamente terrible para la raza indígena que allí había. Muy pocos ñielolinos cayeron en manos de las divisiones, pero, en cambio, se les dejó en un  estado lamentable. No tendrán con qué alimentarse, ni un techo para guarecerse de la intemperie; no perecieron por el plomo, pero sucumbirán por falta de alimento y abrigo”.
Con respecto a la situación de la parte derrotada se ha escrito que: “Existe un curioso documento publicado en 1894 en Santiago, a poco más de diez años de terminada la pacificación. Es el ‘Manifiesto para explicar al público una solicitud presentada al Excelentísimo Presidente de la República señor don Jorge Montt por todos los caciques del Departamento de Osorno’, folleto de 32 escasas páginas y modesta tipografía”. (JARA, Álvaro, “Legislación indigenista de Chile”, Instituto Indigenista Interamericano, México, 1956, pág.18).
El “curioso” texto, en una de sus partes dice: “En la reducción de Rumehue y varias otras, nuestros perseguidores para arrebatarnos nuestros terrenos incendiaban casas, ranchos, sementeras; sacaban des sus viviendas por la fuerza a los moradores de ellas, los arrojaban a los montes y en seguida les prendían fuego, hasta que muchos infelices perecían o quemados vivos, o muertos de frío o de hambre. Jamás en país alguno podrá imaginarse que esto se ha hecho un sinnúmero de veces, vanagloriándose un individuo en la actualidad de haber incendiado siete veces el rancho de una pobre familia […]” (JARA, Álvaro, op.cit., p.18)
“¿Cuál era el complemento de este bandidaje? La respuesta la proporciona el mismo escrito ‘… se sustraen los expedientes de los juzgados, saltean a los correos, violan la correspondencia, ponen en las administraciones o estafetas a personas interesadas en los asuntos, y de un modo o de otro, consiguen lo que quieren. Se repite esto millares de veces, se hacen procesos de apariencias, después todo queda encubierto’. Y concluyen con amargura: ‘¿Qué civilización es esta?’”. (Ibídem).
Es oportuno destacar que la jácara que pretende trasmitirnos el laureado historiador (que, al parecer, no leyó los partes de guerra ni las memorias de los jefes militares que dirigieron la “exitosa incorporación” de La Araucanía”), nos invita a recordar una canción –de fines de los años sesenta o principios de los setenta del siglo pasado y que versaba sobre la televisión– que dice: “La ‘tevé’ nos enseña/ cómo ganamos los blancos/ contra los indios canallas/ que no quieren dar sus tierras/ a cambio de unas medallas”.
Finalmente, es preciso decir que el perdón hecho, solicitado o propuesto recientemente es muy importante en el plano simbólico, pero, éste vale bastante poco si no va acompañado del respectivo resarcimiento, tal cual lo establecen instrumentos internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado o adherido.

http://mapuexpress.org/los-mapuche-entre-historias-y-perdones/

lunes, 24 de febrero de 2014

Lafkenmapu Ñi Dungun – Documental (2007)


Por ADKIMVN
Lafkenmapu Ñi Dungun (el habla del territorio del mar) recoge la esencia del Kimvn (sabiduría) y Rakidzuam (filosofía) Mapuche, a través del relato de representantes de diversos Lof (comunidades) del territorio Lafkenche (gente del mar) comprendido entre Tolten y Mehuin.
SINOPSIS
Antiguamente existió un hombre llamado Mankean, que llegó al Lof de Nvgue en busca de un Likankurra, necesario para su labor de Machi. Todo estaba en calma hasta que ocurrió algo inesperado. Al pasar el tiempo, esto se convertiría en parte de la historia y el patrimonio cultural Mapuche, relatado durante generaciones por los ancianos a través del Epew.
FICHA TÉCNICA
Realización: Gerardo Berrocal S.
Producción: Asociación Leufu Lafken A.G.
Producción Ejecutiva: Cesar Gallegos Curin, Pedro Paillan
Con la colaboración de ADKIMVN Comunicación Mapuche
Proyecto ejecutado por la Asociación Regional de Productores Agrícolas e Indígenas Leufu Lafken A.G., financiado por el “Fondo Regional de la Cultura 2006″ del FNDR del Gobierno Regional de la Araucanía.
Cartel Lafkenmapu Ñi Dungun

/2013/04/19/lafkenmapu-ni-dungun-documental-2007/

miércoles, 5 de febrero de 2014

Machi terrorista o Machi esterilizada: Persecución política y criminalización de autoridades tradicionales mapuche en Chile

“En este contexto se inscribe una violenta arremetida política y de seguridad nacional el último año en contra de machi (autoridad espiritual y de sanación mapuche) de los territorios mapuche de Truf Truf (región de la Araucanía) y Pilmaiken (región de los Ríos), junto a las consecuencias materiales y presidio en el caso de las machi Millaray Huichalaf, Francisca Linconao, y los machi Tito Cañulef y Celestino Córdoba. Estas situaciones parecen esconder algo más que el aumento de los casos de mapuche criminalizados y encarcelados en situación de protesta social, toda vez que estos nuevos prisioneros políticos son autoridades espirituales y de salud para el pueblo mapuche…” 
Opinión:
Machi terrorista o machi esterilizada:
Persecución política y criminalización de autoridades tradicionales mapuche en Chile[1]

Eduardo Rapiman Marin
 Texto: * Andrés Cuyul Soto
Comunidad de historia mapuche

Imagen:  Creación artista Eduardo Rapiman
La represión de la protesta social mapuche que reclama por reconocimiento de derechos territoriales y políticos, en la actualidad ha tomado ribetes impensados con la focalización de la persecución, represión y criminalización a actores sociales mapuche como parte de una política de seguridad interior y menos como un abordaje político y estratégico en la relación Estado – pueblo Mapuche. Se destaca este fenómeno toda vez Chile es un país donde debieran operacionalizarse en el espectro político los tratados internacionales y leyes vigentes sobre derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de instrumentos legales sancionados por los mismos Estados y que promueven nuevas relaciones entre éstos, la sociedad civil y los pueblos indígenas.
En este contexto se inscribe una violenta arremetida política y de seguridad nacional el último año en contra de machi (autoridad espiritual y de sanación mapuche) de los territorios mapuche de Truf Truf (región de la Araucanía) y Pilmaiken (región de los Ríos), junto a las consecuencias materiales y presidio en el caso de las machi Millaray Huichalaf, Francisca Linconao, y los machi Tito Cañulef y Celestino Córdoba. Estas situaciones parecen esconder algo más que el aumento de los casos de mapuche criminalizados y encarcelados en situación de protesta social, toda vez que estos nuevos prisioneros políticos son autoridades espirituales y de salud para el pueblo mapuche.
El trato del Estado chileno por medio de sus políticas de seguridad y de salud se ha focalizado en la persecución y en la incorporación de machi al sistema de salud oficial chileno mediante la promoción de centros de salud “interculturales”, resaltándolas en su rol de curación exclusivamente, refuncionalizandolas y “esterilizándolas” de su contexto, su rol social y espiritual en el territorio. Por el contrario, es entre aquellas y aquellos machi que no se encuentran “esterilizados” o incorporados a las políticas de interculturalidad en salud, donde ha recaído una persecución que incluye allanamientos, golpes y encarcelamientos a partir de enero de 2013. Ambas formas de concebir a las autoridades tradicionales mapuche forman parte de una nueva estrategia de seguridad del Estado chileno y su clase dirigente en contra de quienes representan una síntesis de la relación socioespiritual y material mapuche con el territorio en tanto proceso vivido en la mapu (tierra), sustento material intervenido, usurpado y parcializado a sangre y fuego a partir de 1861. Territorio invadido militarmente y saqueado productivamente.
Las y los machi cumplen un rol muy importante para la sociedad mapuche. Se trata de autoridades espirituales con una vinculación material y espiritual con el territorio y la comunidad como fundamento de la cultura y el ser mapuche. El vínculo por excelencia con el lof o la comunidad es a partir de la terapéutica en territorio, donde se origina la enfermedad y se materializa la sanación con la familia del enfermo, reproduciendo relaciones sociales vitales entre las familias y la comunidad, dinamizando así la vida colectiva y la cosmovisión. Son poseedoras de un lugar sagrado y privilegiado (rewe) que les permite la conexión con las divinidades y fuerzas (newen) del territorio en un sentido amplio (material e inmaterial) lo que les posibilita una función de liderazgo espiritual y terapéutico por medio de la presencia de sus poderes que le son característicos y por los cuales se le conoce. Es decir, posibilitan el equilibrio socio-espiritual de la comunidad, teniendo así una función trascendental en la salud colectiva mapuche que en la actualidad convive con la terapéutica oficial en los mismos territorios rurales y en los espacios urbanos.
Machi terrorista
La machi se vuelve de importancia crítica para los procesos de recuperación territorial y demanda de autogobierno al ser su preocupación el territorio, la diversidad natural del mismo (itrofijmongen), las personas y sus relaciones, por lo que fortalecen esos procesos desde las dimensiones espirituales y políticas que ellas lideran a partir de continuos y complejos análisis de la situación de las comunidades y sus integrantes. Desde la época de guerra con la corona las y los machi han tenido un papel preponderante en la defensa del territorio y apoyo a procesos sociopolíticos y culturales mapuche, incluyendo su intervención en los escenarios de agresión que ha experimentado la formación social mapuche, primero con España y luego con Chile.
A partir de este posicionamiento social, las agencias y dispositivos de represión chilena habrían sopesado dicho rol e importancia, por lo que la represión y encarcelamiento ya no solo se centra en el dirigente, el longko (líder tradicional) o werken en tanto actuales voceros de las comunidades en proceso de recuperación territorial. Se está más bien en presencia de una represión selectiva a dichas autoridades espirituales mapuche, configurándose una nueva relación del Estado chileno con la autoridad tradicional- espiritual encarnada en las y los machi. Es decir, ya no se trata de la colonial persecución religiosa de las misiones españolas de los siglos XVI, XVII y XVIII o el acechamiento de carácter médico oficial de la primera mitad del siglo XX dado su rol sanador, sino de una relación a la manera de “caza de brujas” de tradición europea medieval, teniendo a los tribunales chilenos como jurados inquisidores y utilizando como dispositivo represor por excelencia la ilegítima “Ley Antiterrorista” del año 1984. De una relación de control social se cambia a una relación de vigilancia para con las autoridades espirituales, manteniéndose además la relación de control estatal por medios de coacción más sutiles, mediante la nueva participación inocua de las y los machi en centros de salud oficiales, como veremos más adelante.
Con esta nueva política de seguridad hacia las y los machi en contexto de recuperación de tierras y protesta social mapuche es que se encarceló “preventivamente” en 2013 a la machi Millaray Huichalaf, al machi Tito Cañulef (desde 30/01/13), mientras que el machi Celestino Córdoba lleva poco más de un año preso (desde 04/01/13) “mientras se desarrolla la investigación” sin elementos de prueba concretos que avalen la acusación de terrorismo tipificado desde la fiscalía chilena especializada en la criminalización de la protesta social mapuche. Caso aparte amerita la detención y maltrato sufrido por la machi Francisca Linconao de Truf Truf, quien fue absuelta por los tribunales chilenos[2] luego de sufrir presidio, maltrato físico y humillación social y espiritual al ser despojada de su vestimenta tradicional e instrumentos propios de su función socioespiritual cuyas consecuencias en su salud son patentes en la actualidad y a partir de la cual exige reparación y justicia a las autoridades chilenas[3].
En el caso de las y los machi encarcelados, son patentes los problemas de salud socio espiritual que desembocan en problemas de salud físico provocados por el desarraigo de sus familia y territorio, el aislamiento de su contexto histórico- social y territorial del cual depende esta autoridad mapuche para desempeñar sus funciones; por tanto el encierro acarrea además una trasgresión al ngen pujü o dueño del espíritu propios de la/el machi que puede traer consecuencias irreversibles en su salud según las lógicas socioculturales propias que rigen a estas autoridades espirituales mapuche.
Respecto de las detenciones a estas autoridades tradicionales, el machi Fidel Tranamil del territorio de Makewe señaló: “Le envío un mensaje al Estado como machi, el pueblo Mapuche va a continuar en lucha, hoy día no hay ningún machi que puede estar libre que no lo vengan a detener, que le levanten un montaje en su contra por solo apoyar, seguir la espiritualidad, seguir la base del pueblo mapuche, seguir ejerciendo el ser mapuche en las comunidades”[4]
Es que en Chile se aplica una ley antiterrorista originada en la última dictadura cívico-militar, y es utilizada exclusivamente con el objetivo de reprimir la protesta social y demandas político-territoriales mapuche mediante modalidades y tácticas desmedidas del tipo contrainsurgente, incluyendo el uso de drones espía en las comunidades[5]. Esta legislación chilena sigue entendiendo al terrorismo como “los delitos de homicidio, lesiones, secuestro, envío de efectos explosivos, incendio y estragos, las infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento”. Mientras que nosotros, por el contrario, declaramos que es el Estado chileno y su clase política en particular, que ha secuestrado machi, les ha lesionado física, moral y espiritualmente, y al ser nuestras autoridades espirituales y sanadoras mapuche están atentando contra la salud colectiva de nuestro pueblo.
Machi esterilizada
Una segunda estrategia de seguridad interior que en Chile se implementa para encarar la participación de las y los machi en el proceso de reconstrucción social mapuche es la neutralización burocrática, promoviendo su incorporación en los servicios de salud. La incorporación esporádica o permanente de chamanes indígenas en centros de salud que se ha experimentado en América Latina desde fines del siglo pasado a la fecha, viene a descontextualizar su acción socio-terapéutica: se le recluye en un “box”, propio del método y espacio clínico (observación sistemática y control de variables), desnaturalizando su rol comunitario, interrumpiendo la práctica del contexto territorial, disponiendo al terapeuta indígena en un espacio aislado, que facilita su domesticación tecnocrática.
En el caso de la/el machi mapuche, el espacio clínico esteriliza no sólo al terapeuta sino también el padecimiento a ser tratado, ya no como una entidad socioculturalmente construido y determinado, sino como una enfermedad posible de auscultar clínicamente, objetivable, racionalizable y controlada de otras variables “externas” (sociales, culturales, espirituales) y por tanto, limitada a ese espacio clínico del sistema biomédico. Dicho mecanismo de clinicalización tiende a domesticar tanto el diagnóstico como el abordaje de la o el machi, otrora determinado por el contexto socio-territorial. La machi pasa así a ser una empleada del sistema de salud, presa de la alienación sanitaria propia del trabajo clínico; de la atención reglada y casi independiente de la gravedad y de las necesidades específicas de los enfermos[6].
Estas nuevas formas de organización sanitario-cultural promueve una atención de salud escindida del territorio y por tanto tiende a debilitar las redes sociales y prácticas cotidianas de cuidado y prevención de la salud reproducidos en un territorio concreto y por tanto, debilitar el potencial mapuche de “salutogénesis”[7]. Corresponde a un nuevo tipo de separación y despojo de atributos y cualidades en la relación persona-territorio que es funcional a la cosificación y mercantilización de las relaciones sociales que debilita inclusive, la demanda de reivindicación de tierras mapuche al restar progresivamente al territorio de sus propiedades, agentes, recursos y diálogo intersubjetivo con la persona y comunidad.
En términos políticos y de seguridad se trata de una nueva estrategia de “protección inmunitaria”, precisamente con la finalidad de asimilar y neutralizar al diferente/otro respecto de alguna amenaza a la integridad estatal como lo es en el caso mapuche, la demanda por autonomía. Es decir, la lucha contra la amenaza del diferente no se realiza mediante la contraposición formal sino mediante el rodeo y la neutralización  por medio de dispositivos como la denominada “salud intercultural” que promueve la esterilización de machi. Tal como la práctica médica de vacunación en relación con el cuerpo del individuo: la inmunización del cuerpo político funciona introduciendo dentro de él una mínima cantidad de la misma sustancia patógena de la cual quiere protegerlo, y así bloquea y contradice su desarrollo natural[8].
                                                                       ***
Pero por otro lado perviven las formas de resistencia en salud vinculadas a las y los machi que han podido sortear ambas estrategias de seguridad e inmunización de la política de seguridad chilena y que han soportado siglos de persecuciones hispanas y criollas en tanto autoridades espirituales de un pueblo que resiste, se adecúa y también sortea creativamente nuevas formas y relaciones de dominación social impuestas, que hoy se nos presentan como “acciones afirmativas” o bajo el paraguas de la “interculturalidad”. Asimismo en términos terapéuticos y de auto-atención en salud es vigorosa la resistencia cotidiana frente a la burocratización de la salud propia y la medicalización de la vida y la salud promovida desde el sistema de salud oficial. También es patente el fortalecimiento de organizaciones mapuche que hoy en día gestionan centros de salud en clave de derechos y que se han desarrollado como respuesta organizada en salud para familias y comunidades mapuche y que son necesarias de proteger y fortalecer en su desarrollo en tanto instituciones mapuche de salud. 
Por su lado, cada día serán más las autoridades espirituales que suman apoyos y aportan con semillas que germinan a diario en la compleja enredadera de la autodeterminación mapuche frente a la porfiada sujeción política al Estado chileno. Será entonces el devenir histórico, demandante de mayores espacios para el ejercicio de la autonomía mapuche, el que juzgue la infamia y la afectación a la espiritualidad y la salud colectiva de nuestro pueblo.


* Andrés Cuyul Soto. Trabajador Social, Magister en Salud Pública (UBA- Arg), Doctorando en Ciencias en Salud Colectiva (UAM- Méx). Miembro de la Comunidad de Historia Mapuche (CHM).




[1] Basado en la nota originalmente publicada “La machi esterilizada o la nueva caza de brujas en territorio mapuche” en Mapuexpress 08/02/13. Disponible en www.mapuespress.net
[2] Más información “Justicia absuelve a machi Francisca Linconao detenida durante diligencias por caso Luchsinger Mackay” Disponible en http://goo.gl/B1esnB Ultima consulta 29/01/14.
[3] Más información “Machi Francisca Linconao exige reparación por injusto proceso judicial que la afectó” http://goo.gl/Pm7GRs Ultima consulta 29/01/14.
[4] Radio Bio Bio, 06/02/13. Disponible en http://www.biobiochile.cl/ Ultima consulta 29/01/14.
[5] Más información: “Las comunidades mapuche denuncian el uso de drones espía en sus tierras”  Disponible en http://goo.gl/tdn2xJ Ultima consulta 29/01/14.
[6] Campos, G (2001) Gestión en salud. En defensa de la vida. Buenos Aires: Lugar.
[7] Se usa el término acuñado por Antonovsky para señalar entre otros una superación al enfoque patogénico en salud centrado en la enfermedad, sino en las condiciones y posibilidades de los individuos y grupos de promover su salud. En Antonovsky, A (1996) “The salutogenic model as a theory to guide health promotion”. Health Promot Int. 1996;11: 11-18.
[8] Para profundizar véase: Espósito, R (2005) “Inmunitas: protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu & Espósito, R (2006) Bios, biopolítica y filosofía. Buenos Aires: Amorrortu.

Fuente: http://mapuexpress.org/machi-terrorista-o-machi-esterilizadapersecucion-politica-y-criminalizacion-de-autoridades-tradicionales-mapuche-en-chile/

domingo, 5 de enero de 2014

LOS MEDIOS Y LA NUEVA "PACIFICACIÓN DE LA ARAUCANÍA"

La ministra vocera de gobierno, Cecilia Perez, lo dijo con todas sus letras “aquí falta mayor diligencia para llegar finalmente al resultado que todos buscan, que es la pacificación de La Araucanía”. Inmediatamente vinieron las reacciones en las redes sociales, “sabrá la vocera de los crímenes cometidos en los tiempos de la pacificación de la Araucanía?”, “los más conservadores estiman en 70.000 los Mapuche muertos por la primera pacificación”, comentaban muy acertadamente algunos usuarios de twitter.
Marcha wente winkul mapu 16122013 05 ADKIMVN
Imagen: Marcha en apoyo a werken Daniel Melinao (16/12/2013) – Foto de ADKIMVN
Por Gerardo Berrocal S. – ADKIMVN
Lo cierto es que esta nueva “pacificación de la Araucanía” no es sólo una frase desafortunada de la ministra Perez, sino que es un plan muy bien orquestado que viene desarrollando el gobierno de Piñera -y antes los gobiernos de la concertación- que busca básicamente, así como hace poco más de un siglo atrás, neutralizar el proceso de defensa territorial que han mantenido comunidades de todo el Wallmapu (territorio Mapuche), en beneficio de los grandes grupos económicos que operan en la región.
Para este cometido una vez más las autoridades de gobierno han anunciado una serie de medidas tendientes a intensificar la militarización de la región, con el aumento de la dotación policial y de recursos para las policías, incluyendo el envío de drones espía (aviones no tripulados) y cámaras instaladas a lo largo de la “zona roja” para vigilar en búsqueda de los responsables de los “atentados incendiarios”, que según afirmaciones de las propias autoridades, estarían relacionados a las demandas de las comunidades Mapuche. Todo esto promocionado y tratado estratégicamente por los principales medios chilenos para lograr hacer entender a la población que está en permanente peligro a causa de las demandas Mapuche.
Tal como lo hiciera El Mercurio en 1859, cuando llamaba explícitamente a perpetrar la arremetida militar a Wallmapu, con un lenguaje distinto por cierto pero con la misma sinceridad y entusiasmo que lo hacen hoy los gobernantes a través de la TV, para lo que aseguraba que “los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o araucanos, no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización”.
Este periodo comprendido entre 1860 y 1883, es conocido en la historia oficial chilena como “Pacificación de la Araucanía”. Comienza cuando Cornelio Saavedra propone un plan de “pacificación”, que consistió en la ocupación militar del Wallmapu, que en ese momento tenía como frontera la línea del río BioBio, comenzando con la construcción de fortificaciones a lo largo de la línea del río Malleco. Una de ellas es el fuerte Chiguaihue, construido muy cerca de donde se encuentran hoy las nuevas fortificaciones de Carabineros en Pidima, el mismo lugar donde el ministro Chadwick llegó hoy a reunirse con el presidente de un grupo de agricultores “víctimas de la violencia”, quien llamaba enardecidamente a crear una “guerrilla” para hacer frente a las comunidades Mapuche.
Esta mal llamada “pacificación” no fue otra cosa que la ocupación militar y toma de posesión a través de la violencia por parte del estado chileno del territorio Mapuche, hasta ese entonces autónomo desde la línea del BioBio al sur, según tratados internacionales firmados con la corona española y reconocido por el estado de Chile a través del tratado de Trapilhue de 1825. Esta violenta ocupación militar comandada por Cornelio Saavedra significó la quema de miles de Ruka (casas), el robo de ganado, el abuso y asesinato de miles de Mapuche, y finalmente la reducción de las tierras, confinando a los Lof (comunidades) Mapuche a vivir en el 5% del territorio comprendido entre la línea del BioBio y la línea del Tolten. Mientras una situación similar llevaba a cabo en Pwelmapu el estado de Argentina con “La Conquista del Desierto”.
Los medios y la manipulación mediática
Hoy, el festín que hacen estos medios “informando” sobre “el conflicto mapuche”, “la zona roja”, “los atentados terroristas”, “ataques incendiarios” y otros tantos conceptos que ellos mismos han creado, refleja la continuidad de una estrategia mediática muy bien estructurada que busca la transformación de una realidad en desmedro de quienes luchan legítimamente por sus derechos más básicos, como lo es el territorio, y en beneficio de intereses de grupos económicos y políticos de mucho poder, que mantienen intereses en la región.
Así, para la población en general, resulta muy preocupante escuchar a un ministro Chadwick, decir que “aquí en La Araucanía, lo que hemos vivido son actos terroristas, y el Gobierno así lo entiende y por eso presenta sus querellas en razón de la Ley Antiterrorista”, y luego a un intendente Molina haciendo un “llamado a la tranquilidad” asegurando que “llevamos dos noches sin situaciones de violencia” y que “esperamos que la conmemoración de la muerte de Matias Catrileo no signifique más hechos de violencia”, mientras noche tras noche se escuchan los helicópteros de carabineros sobrevolar la región. Y claro, resulta “tranquilizador” escuchar a una ministra Perez decir finalmente que la arremetida policial pondría fin a los “atentados” porque lo que todos buscan es “la pacificación de la Araucanía”.
Pero por cierto, los medios no aclaran que estos “atentados incendiarios” aún no han sido investigados con rigurosidad ni han arrojado resultados sobre los presuntos responsables. Sin embargo, sin ningún tapujo las autoridades ni ética profesional los periodistas a cargo de hacer las notas (des)informativas señalan una y otra vez, que todo estaría vinculado a las movilizaciones Mapuche. Así como a principios de 2012 dieron amplia cobertura al ex ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter (actual ministro de defensa), cuando señalaba que los incendios forestales de Carahue, en donde fallecieron siete brigadistas forestales, era (una vez más) responsabilidad de los Mapuche. Pero cuando el ministro tuvo que desdecirse por sus irresponsables afirmaciones, no fue noticia.
Tampoco fue noticia para estos Medios cuando en el año 1999, brigadistas forestales acusaban a la empresa forestal Mininco (una de las tres empresas más grandes que manejan el negocio forestal) de enviarlos a hacer autoatentados incendiarios para inculpar a los Mapuche y así crear las condiciones para obtener mayores beneficios y justificar la militarización de la zona durante las faenas forestales. Por ejemplo, la quema de la casa patronal del Fundo Rucañanco, propiedad de forestal Mininco, de la que la empresa acusó directamente -entre otros- al werken Víctor Ancalaf, fue uno de los principales motivos para que el Gobierno aplicara la Ley Antiterrorista a los Mapuche en esos años.
Pero ya es conocida la estrategia que utiliza la prensa oficial, las grandes cadenas de medios, sobre cómo generar temor en la población para lograr introducir las políticas represivas serviles a los poderes fácticos que mantienen intereses económicos en Wallmapu. Como lo dilucidara Noam Chomsky en su lista de las “Diez Estrategias de Manipulación Mediática”, donde describe la estrategia denominada “problema-reacción-solución”, que consiste en “crear problemas y después ofrecer soluciones”, es decir, “se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad”.
La violencia hacia el Pueblo Mapuche y la omisión de los medios
Ciertamente los mal llamados Medios de Comunicación (que en realidad son medios de información masiva), no cubren con la misma exaltación los hechos que afectan a la comunidad Mapuche, como por ejemplo, la represión sufrida por la gente que llegó a apoyar al werken Daniel Melinao, ante el inicio del juicio oral en su contra (aplicando una vez más la ley antiterrorista por tratarse de un dirigente Mapuche) en donde se le acusa, sin más pruebas que el relato de los carabineros implicados en los hechos, de la muerte del sargento Hugo Albornoz, quien fue alcanzado por una bala en el cuello mientras carabineros practicaba un violento allanamiento en la comunidad Wente Winkul Mapu. Tampoco han informado por cierto, sobre las nuevas detenciones a miembros de la comunidadproducidas en el marco de este juicio.
Tampoco han informado con claridad que Walter Ramírez, el GOPE de Carabineros que asesinó por la espalda a Matías Catrileo mientras participaba en actividades enmarcadas en el proceso de recuperación territorial en Vilcun, recibió una condena irrisoria de 40 firmas y quedó en libertad. Pero sí aluden a que la conmemoración de la muerte de Matías significaría “un llamado a la agitación y ataque”, como lo señalan una y otra vez citando un panfleto que circula por las redes sociales difundido supuestamente por grupos Mapuche. No les interesa investigar quién asesinó a Rodrigo Melinao y porqué han profanado dos veces su tumba. O quienes están detrás de los rayados con amenazas de muerte hacia los dirigentes Mapuche que aparecieron en un paradero de un camino rural en Ercilla. O porqué Jorge Temer San Martín, el terrateniente “coleccionista de armas” como lo llamó TVN, mantenía un arsenal de guerra en su casa y siendo reconocido como uno de los principales líderes del comando paramilitar “Hernan Trizano”, nunca ha sido investigado y menos procesado bajo la Ley Antiterrorista.
Tampoco informan sobre el grave e irreversible daño social, cultural y ambiental que provocan las forestales o las hidroeléctricas al pueblo Mapuche, porque claro, así como lo consignara El Mercurio, el principal medio promotor de “La Pacificación de la Araucanía”, cuando señalaba: “No se trata sólo de la adquisición de algún retazo insignificante de terreno, pues no le faltan terrenos a Chile; no se trata de la soberanía nominal sobre una horda de bárbaros, pues ésta siempre se ha pretendido tener: se trata de formar de las dos partes separadas de nuestra República un complejo ligado; se trata de abrir un manantial inagotable de nuevos recursos en agricultura y minería… en fin, se trata del triunfo de la civilización sobre la barbarie, de la humanidad sobre la bestialidad”. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta nueva pacificación y qué buscan justificar los grandes medios?, lo cierto es que hoy ese objetivo sigue latente, las forestales, las hidroeléctricas, la minería y otras inversiones pretenden ocupar las tierras Mapuche para seguir generando jugosas ganancias, en el territorio ancestral de todo un pueblo, para el negocio de unos pocos.

LOS DILEMAS DEL ESTADO EN LA ARAUCANÍA

Los medios de comunicación dan cuenta de una serie de hechos de violencia -incluyendo la quema de bosques, el ataque a helicópteros que combaten los incendios forestales, el incendio a la propiedad de un agricultor en un sector urbano de Temuco, entre otros-, ocurridos en la Araucanía en días pasados.
Tales hechos se verifican en momentos en que se conmemoran otros hechos de violencia ocurridos en la Araucanía en años anteriores, como el homicidio de Matías Catrileo a manos de carabineros hace seis años atrás, y el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, cuya autoría aún es investigada, ocurrido el año pasado en esta misma fecha.  Se trata de hechos lamentables que deben ser condenados con la mayor energía.  Por lo mismo deben ser investigados, y sancionados quienes resulten ser responsables de su autoría.  Como lo hemos señalado en el pasado reiteradamente, la violencia -provenga ésta de agentes del estado, de integrantes del pueblo mapuche, de agricultores, o de cualquier otro sector de la sociedad- no es el camino adecuado para enfrentar los problemas de relaciones interétnicas pasados y presentes que persisten en esta parte del país, y solo contribuye n a dificultar la superación de las situaciones de injusticia,  postergación y discriminación que siguen afectando al pueblo mapuche.
Su ocurrencia en las fechas conmemorativas de los hechos antes señalados, así como las  reivindicaciones que grupos mapuche habrían realizado de algunos de estos hechos -otros habrían sido reivindicadas por grupos anarquistas- han llevado nuevamente a algunas autoridades, así como a medios de comunicación, a presumir la responsabilidad de los mapuche.  Cabe rechazar categóricamente esas presunciones de responsabilidad realizadas antes de que la justicia investigue y determine quiénes están detrás de estos hechos, las que por lo mismo deben ser consideradas arbitrarias y discriminatorias.
Junto a ello, las autoridades han vuelto a proponer la aplicación de la ley antiterrorista para la investigación de estos delitos.  Al respecto cabe observar el doble estándar de dichas autoridades, las que tratándose de delitos cuya autoría presumen corresponde a los mapuche, proponen la aplicación de la ley antiterrorista, en contraste con aquellos delitos en cuya autoría existen antecedentes del involucramiento de agentes policiales del estado, casos en los que ellas parecen seguir tolerando la competencia de la justicia militar para conocerlos.  Sin instar además por la realización de las modificaciones legales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en el caso Palamara (2005), para poner término a la competencia de dichos tribunales para conocer casos que involucren a civiles.
Cabe recordar que la justicia militar ha dejado sistemáticamente en la impunidad los delitos cometidos en los últimos años por agentes policiales en contra de mapuche en el marco de los conflictos por tierras.  El caso del homicidio de Matías Catrileo, ocurrido el 3 de enero del 2008, es ilustrativo en este sentido.  La justicia militar que conoció el caso condenó al cabo de carabineros Walter  Ramírez a la pena de tres años y un día de libertad vigilada por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte”, pena que cumple en libertad.  Ello a pesar de que la pena que tiene asignada el delito por el Código de Justicia Militar es de entre 5 años y un día a 15 años de presidio.  Es más, el cabo Ramírez  permaneció en las filas de la institución hasta inicios de 2013, cuando las autoridades -frente al recl amo de la familia y de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales- decidieron exigir a Carabineros lo diera de baja.  En la misma impunidad que este crimen han quedado los homicidios, también a manos de efectivos de carabineros, de Alex Lemún y Jaime Mendoza Collio, procesos que igualmente fueron sustanciados por la justicia militar.
El doble estándar de la autoridad vuelve a quedar en evidencia estos días con los dichos del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando manifestó su preocupación por los elevados estándares de pruebas exigidos por la justicia, lo que dificulta desarrollar acciones que permitan terminar con la “cadena de impunidad”, refiriéndose evidentemente a la impunidad en que hasta ahora han quedado los delitos que han afectado a propietarios agrícolas, pero no a aquellos que han afectado a los mapuche.
Parece pertinente a este respecto recordar las palabras del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Ben Emmerson, al concluir su visita a Chile el 2013, donde sostuvo que la ley antiterrorista “se ha aplicado en forma desproporcionada contra los defendidos Mapuche, y se ha implementado sin una política coherente y objetiva para distinguir aquellos casos que cumplen con el umbral para determinar si un acto es de terrorismo y los que no.”  En su informe de visita al país dicho Relator concluyó que la aplicación de esta ley en el marco de las protestas por tierras “se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución”, recomendando por ello poner término a su aplicación frente a estas situaciones.
Llama la atención también el que las autoridades de gobierno propongan como alternativa para abordar esta espiral de violencia, la del reforzamiento de las fuerzas policiales en la región.  La militarización de la Araucanía que algunos proponen y a la que las autoridades parecen apostar en el contexto actual, no solo resulta una opción riesgosa, puesto a que en última instancia se trata de una propuesta de violencia represiva  para enfrentar  la violencia que se imputa al mundo mapuche, sino que además, es inconducente para dar respuesta a los problemas de fondo que están detrás del complejo escenario que hoy se vive en la Araucanía y regiones aledañas.
Como las autoridades bien saben, dichos problemas no solo son históricos y tienen su origen en la forma -a sangre y fuego- como el estado y la propiedad se establecieron en esta parte del país, sino que son también presentes, y están relacionados con el insuficiente y errático actuar que el estado ha tenido en las últimas décadas frente a los pueblos indígenas en general y al pueblo mapuche en particular.  En efecto, a pesar de toda la retórica y promesas de un nuevo trato para con ellos, dichos pueblos no solo siguen sin contar con un reconocimiento de su existencia y derechos en la Constitución Política, sino que además no cuentan con mecanismos -cuotas de representación especial, legislación sobre partidos políticos, entre otros- que posibiliten su participación política en instancias de toma de decisión al interior del estado, como el Congr eso Nacional, los gobiernos regionales y comunales.  Tampoco la institucionalidad chilena considera mecanismos que posibiliten formas de autonomía indígena en aquellos espacios territoriales -regionales, comunales u otros- en donde estos pueblos constituyen una mayoría demográfica.  Más aún, la institucionalidad del estado para los pueblos indígenas -la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, creada por ley en 1993- es una instancia reconocidamente sobrepasada y carente de representatividad y de poder para abordar los problemas que hoy afectan a estos pueblos.  Sigue pendiente a su vez en el Congreso Nacional la aprobación de un proyecto de ley para la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, como instancia pública de representación indígena ante el estado.
Por otro lado, el Convenio 169 que el estado chileno demoró 17 años en ratificar, no ha sido, en lo sustancial, puesto en práctica.  Uno de los derechos centrales en el establecido, la consulta frente a las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a estos pueblos directamente, solo fue regulada el 2013.  Ello a través de un proceso que no ha generado consenso en los pueblos indígenas, y que estableció un procedimiento de consulta que está por debajo de los estándares del propio Convenio, dificultando el ejercicio de este derecho fundamental.
En materia política, las legítimas reclamaciones de tierras de los mapuche, siguen sin ser acogidas por el estado.  La política del Fondo de Tierras de CONADI ha demostrado su ineficacia para abordar la demanda por la restitución de las tierras que les fueran reconocidas por el estado a los mapuche.  Los escasos fondos destinados por el estado a estos efectos en los últimos años, unidos a los elevados precios de mercado que CONADI  paga por su compra a sus propietarios legales -generalmente quienes les usurparon las tierras reconocidas por el estado- han impedido avances significativos en esta materia, prolongando innecesariamente conflictos por tierras.  El estado sigue haciendo oídos sordos a las recomendaciones hechas por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato creada desde el estado, la que hace una década atrás propuso la utilización de un mecanismo constituci onal-la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional- para dar solución efectiva y a precios justos, a un problema histórico provocado por el mismo estado.
Por otro lado, muchas comunidades mapuche siguen siendo violentadas cotidianamente al no poder decidir sus prioridades en materia de desarrollo, derecho que les es reconocido a los pueblos indígenas por el Convenio 169.  Ello toda vez que el estado sigue empecinado en imponer su propuesta de desarrollo en los territorios indígenas.  Lo que se manifiesta en esta parte del país en la expansión de las plantaciones exóticas sobre tierras de propiedad legal y ancestral mapuche, plantaciones que hoy ocupan al menos 1.5 millones de hectáreas al sur del Bio Bio, así como en la imposición de centrales hidroeléctricas, de pisciculturas sobre los ríos y playas de ocupación y uso tradicional, sin procesos de consulta y sin considerar su participación en los beneficios económicos que estas generan.
No es casual entonces que un porcentaje de la población bajo la línea de pobreza en la Araucanía, región con casi un tercio de población mapuche, alcance al 27%, siendo la más pobre  del país; y que en las comunas de mayor expansión de la forestación exótica -como Lumaco, Ercilla, Chol Chol, Galvarino, donde la demografía mapuche es superior al 50%-,  se encuentren todas entre las comunas más pobres del país, siendo a su vez las comunas donde los hechos de violencia interétnica es más álgida.
Se trata de una situación que deberá abordar el futuro gobierno de Bachelet.  El desafío no será menor, puesto a que el tratamiento que ella dio a los mapuche como presidenta frente a los conflictos por tierras verificados durante su administración -al menos en el plano policial y persecutorio-, no difirieron en lo sustancial al que fue otorgado frente a la misma realidad bajo la presidencia de Piñera.
Los dilemas que se presentan para el estado en el futuro próximo en su relación con el pueblo mapuche son significativos: o se sigue en la lógica del abordaje policial y la criminalización de su protesta, o entiende que, tratándose de un problema esencialmente político, se requiere de un abordaje mucho más integral, que debe tener al diálogo, el entendimiento y la negociación -y no la represión- como elementos centrales.
Aquí también resulta pertinente tener presente las recomendaciones que sobre esta materia realizó el Relator Especial Ben Emmerson al concluir su misión a Chile, subrayando la urgencia de impulsar la que denominó una “estrategia nacional” para abordar no solamente el tema de las tierras mapuche, sino además los temas más amplios relativos al “reconocimiento constitucional del derecho Mapuche de existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile” y “el fin de la discriminación institucional y judicial.”  Ello, junto con recomendar el establecimiento de una institucionalidad adecuada -que el identificó como un Ministerio de Asuntos Indígenas, dotado adecuadamente de personal y financiamiento- para coordinar la política estatal hacia estos pueblos.
Para el diseño e implementación de esta estrategia nacional el Relator Emmerson propuso a su vez la conformación de una Comisión Consultiva Nacional, con representación de los propios pueblos indígenas, de los partidos políticos, de pequeños y grandes propietarios rurales, víctimas de la violencia rural, además del Instituto Nacional de Derechos Humanos, expertos nacionales e internacionales.  Comisión cuyo objetivo sería la construcción de un consenso sobre los principales desafíos y posibles soluciones a los problemas que afectan a los pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche.
Todo parece indicar que ha llegado la hora de un diálogo de esta naturaleza para abordar un tema histórico nunca resuelto; el de la justicia para el pueblo mapuche como base para una convivencia interétnica armónica en la Araucanía.  Sino lo hacemos ahora, es muy posible que sigamos lamentándonos, quizás por muchos años, por escenarios de conflicto y de violencia como el que hoy concita el interés de los medios.
El autor,  José Aylwin, es Co Director Observatorio Ciudadano.