VIEJAS PROMESAS, NUEVAS DEUDAS
Fuente Imagen: Internet
Tal
como indica el dirigente peruano de la Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas CAOI, Miguel Palacín Quispe, “la Cumbre de Río se eligió en un año
clave, en un lugar clave: Un país Sudamericano, en 1992: continente que alberga
Los Andes y La Amazonía, reservas estratégicas de agua y biodiversidad[1],
a 500 años de la invasión europea. El 13 de junio de aquel año, 178 países
aprobaron la Agenda 21 en una Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, cuyo fin era ser un plan integral de medidas en todos
los ámbitos en que los seres humanos afectan directamente al medio ambiente.
Paralelamente, avanzaba la intromisión del modelo neoliberal a nivel planetario
y nuestros Estados se abrían o profundizaban su participación en el mercado
mundial de extracciones extractivas, las cuales penetran territorios
ancestrales de comunidades locales e indígenas, cuyo cuidado y sustentabilidad
se extendía por más de 500 años. Hoy, a 20 años de Río 92’, poco o nada se ha
avanzado en el cumplimiento de la Agenda 21. Más aún, las emisiones de
sustancias tóxicas han crecido sustancialmente y quienes han sido responsables
de ello, se niegan a tomar medidas, a no ser que sean beneficiosas
económicamente. Ante la amenaza real de la crisis climática de acabar con la
vida: el agua y la biodiversidad se han transformado en recursos estratégicos[2],
y la voracidad transnacional apunta hacia Los Andes y La Amazonía”.
Paradojalmente,
el cuidado de las aguas dulces y de la biodiversidad,
eran puntos centrales de la Agenda 21, al igual que la ordenación y cuidado de
ecosistemas[3]
frágiles, como los glaciares… en Los Andes los glaciares se han reducido en una
cuarta parte durante los últimos 30 años. La Agenda 21 promovía también el
fortalecimiento y reconocimiento de los pueblos indígenas y la difusión de
información para la toma de decisiones, sin embargo, en estos últimos 20 años,
los pueblos indígenas y sus organizaciones ha sido excluidos en la formulación
y ejecución de los programas y proyectos nacionales e internacionales acerca de
conflictos socioambientales y los mecanismos de negociación. Sin ir más lejos,
desde 1989 que está pendiente el reconocimiento constitucional de los pueblos
indígenas en Chile.
Otros
mecanismos creados en 1992, en medio de enormes expectativas y esperanzas de
las organizaciones de la sociedad civil, fueron la Convención contra la Desertificación[4] y
la Sequía y la Convención de Biodiversidad.
Chile
suscribió la Convención contra la desertificación y la sequía en 1997. De
acuerdo a ella los gobiernos debían implementar Planes de Acción en Contra de
la Desertificación en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y las
comunidades afectadas. Este mismo año, el Gobierno diseñó un Programa Nacional
de Lucha Contra la Desertificación (PNCD), cuyos estudios revelaron que la
desertificación afectaba a una superficie de 47,3 millones de ha, las cuales
corresponden a un 63% del territorio nacional, e involucran a más del 13% de la
población. Desde entonces, los megaproyectos mineros, monocultivos
agroindustriales y forestales, los proyectos energéticos, se han expandido por
todo el país, secando acuíferos, erosionando suelos, contaminando el entorno
donde operan y destruyendo nutrientes de extensos territorios. Los índices de
desertificación no han sido medidos nuevamente, pero la inédita cifra de 106
comunas con escasez hídrica en este 2012, casi un tercio del total país, da
cuenta de que las medidas no fueron acertadas, pero la ONU ha destacado el caso
Chileno poniéndolo como ejemplo en la lucha contra este flagelo[5].
Claramente las comunidades están viendo y viviendo un mundo que no es visto ni
vivido por las corporaciones ni por la institucionalidad mundial.
El agua y la minería
En
Chile, el Código de Aguas de 1981 transformó
el agua en una mercancía transable en el mercado; se otorga
gratuitamente como “concesión de aprovechamiento” en sociedad a privados, lo
cual, a la par de crear un mercadeo
del recurso hídrico, ha provocado la concentración de propiedad de derechos en
manos de grandes empresas forestales, agrícolas, y en el norte, principalmente
de las empresas mineras.
Producto
del crecimiento explosivo de la extracción minera a partir de 1990, se han
sobrexplotado acuíferos[6],
generando graves consecuencias para comunidades indígenas y campesinas, antaño
relacionadas de manera integral y sustentable con el recurso hídrico. Pese a
las evidencias de lo que la megaminería química transnacional ha generado, las
proyecciones país, son desoladoras: se ha aprobado una inversión 5 veces mayor
a las de las dos últimas dos décadas para menos de la mitad del tiempo de
explotación.
Fuente: Río+20. Ellos en la cumbre… ¡No sigas aguantando!
OLCA y RLS. Santiago de Chile, 2012.
Continuará…
Ver
también:
[1] Biodiversidad:
El diccionario de la RAE nos dice que se trata de “Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente”. En
otras palabras se trata del conjunto de seres vivos que existen en la Tierra y
las interacciones que realizan (sus relaciones).
[2] Recursos
estratégicos: Son aquellos que por su importancia económica, adquieren también
importancia política; por ejemplo todos aquellos recursos de los que podría
obtenerse alguna alternativa energética que reemplace la que se obtiene de los
combustibles fósiles.
[3] Ecosistemas:
conjunto de elementos bióticos (seres vivos) y abióticos (lo inerte) que juntos
constituyen un sistema equilibrado; por ejemplo, un bosque nativo, una laguna,
una pradera, etc.
[4] Desertificación:
Según www.educarchile.cl “El problema de la desertificación se asocia a la pérdida
de biodiversidad lo que contribuye al cambio global del clima debido a la
disminución de la capacidad de captación de carbono y al aumento en el albedo
de superficie”. A su vez un albedo, según la RAE es “la razón entre la energía
luminosa que difunde por reflexión una superficie y la energía incidente”.
