JURISTAS DE LATINOAMÉRICA LLAMAN LA ATENCIÓN SOBRE PROCESOS JUDICIALES AL PUEBLO MAPUCHE

Ha llegado carta a la Corte Suprema de Chile. Enviada por la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC), muestra su preocupación por la aplicación constante de la ley de conductas terroristas a mapuche, la disparidad de criterios judiciales que se aplican a la hora de resolver privaciones de libertad y que se afecte el derecho a la presunción de inocencia. La carta dice:

Sr. Rubén Ballesteros

Excmo. Presidente Iltma. Corte Suprema

República de Chile.

Excmo. Presidente:

Con gran pesar hemos tomado conocimiento de los hechos de violencia que han empañado la región de la Araucanía durante el mes de enero de 2013. Lamentamos la muerte de personas durante este conflicto, y nos preocupan las consecuencias sociales que estos actos puedan tener en perjuicio de las legítimas demandas de un pueblo respecto del cual el Estado de Chile tiene una deuda histórica.

En la convicción de que los  conflictos sociales que representa la comisión de delitos no encontrarán solución a través del derecho penal, sino de la aplicación de políticas públicas de prevención de tales conflictos, manifestamos nuestra preocupación por la aplicación constante de la ley de conductas terroristas a mapuche, porque ella no distingue, alcanza potencialmente a todos los habitantes de las distintas comunidades, y aún a quienes con ellos se comunican.

Con gran pesar y preocupación hemos tomado conocimiento de las detenciones sucesivas de autoridades ancestrales del pueblo mapuche. Nos llama profundamente la atención la invocación por parte del gobierno de Chile a través de sus abogados de la medida cautelar de prisión preventiva y su aplicación sobre machis y dungu machife (ayudante de la machi en sus ceremonias), preocupándonos enormemente el que aún en aquellos casos en los que se ha imputado a machis la comisión de delitos comunes y con una participación menor (encubrimiento), como ha sido el caso de los machis Millaray Huichalaf y Tito Cañulef, y el dungü machife Cristian garcia quintul detenidos el 31 de enero del presente, se acoja por parte de los tribunales la medida de prisión preventiva. Sabemos que especialmente la primera, ha sido un ícono en la oposición a la construcción de una central hidroeléctrica en el territorio donde habita y que empleando mecanismos legales recurrió en su momento a la justicia buscando protección para la madre tierra (Rol N° 501 – 2011. CIV.).

El Estado de Chile ha ratificado y firmado el Convenio 169, sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, cuyo articulado obliga a respetar la cultura, costumbres e instituciones de estos pueblos. Muy especialmente en materia penal existe una obligación para los Estados a dar preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento (art. 10.2 del Convenio N°169). Una interpretación de este artículo acorde con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos del Hombre, indica que si esto es así tratándose de un indígena que ha sido declarado culpable en un proceso judicial, lo es con mayor razón respecto de un indígena a quien le asiste la presunción de inocencia.

Nos preocupa la disparidad de criterios judiciales que se aplican a la hora de resolver privaciones de libertad, sea bajo la forma de penas o bajo la forma de medidas cautelares. En tal sentido queremos valorar lo señalado por uno de vuestros tribunales en orden a respetar el Convenio 169 tratándose de la privación de libertad de un machi:

“Especial consideración para dar lugar a una forma especialísima de cumplimiento es el hecho de la función de machi que desempeña el sentenciado dentro de su comunidad […].. Hoy en día nuestra legislación en todo ámbito y en el especial el penal, ha reconocido las diversas culturas que forman parte de la idiosincrasia nacional y no solo nos hemos detenido a reconocer su existencia sino que aceptamos que cuentan con autoridades religiosas, sociales, que pueden coexistir junto a las nuestras, y que cumplen roles determinados y dignos de ser respetados por el resto de la sociedad. Si por el transcurso de los siglos hemos dotado a nuestros líderes religiosos como sacerdotes, pastores obispos, cardenales de un especial respeto moral e incluso de una especial protección penal, también debemos en aras de la igualdad reconocer que en la cosmovisión mapuche-indígena el machi merece también igual respeto y protección pues cumple funciones importantísimas para las personas que pertenecen a estas etnias, en respeto a los principios Constitucionales formales y a las normas de tratados o convenios internacionales estimamos como suficientemente fundada la petición de la defensa y por ello damos lugar a esta forma de cumplimiento” ( Sentencia Juzgado de Garantía de Carahue de 27-01-2011, RIT 447-2011).

Lamentamos que este adecuado criterio de éste juez chileno, acorde con los derechos de los pueblos originarios respetuoso de la normativa internacional, tal vez presionados por una campaña mediática, hoy día no se esté cumpliendo. Nos preocupa que pasando por alto estos correctos razonamientos, se afecte el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el art. 14.2  del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2. de la Convención Americana de Derechos del Hombre,  otorgando la medida cautelar de prisión preventiva para estas autoridades ancestrales, transformándola así en una pena anticipada, desconociendo asimismo la particular gravosidad que para estas personas supone la privación de libertad.

La ausencia de un dialogo intercultural con nuestros hermanos indígenas a nivel latinoamericano ha llevado a un efecto de intolerancia, que en los casos mas graves lleva, como en Chile, a restricciones de garantías a indígenas y sus autoridades ancestrales. Nada de eso es deseable para ningún país latinoamericano.

Solicitamos, en consecuencia, a la Ilustrísima Corte Suprema chilena, considerar esta preocupación que como penalistas y criminólogos latinoamericanos nos asiste.

Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

(ALPEC)

Eugenio Raúl Zaffaroni

Secretario Ejecutivo de ALPEC

César Landelino Franco

Fernando Tenorio Tagle

Lola Aniyar de Castro

Nilo Batista

Ramón de la Cruz Ochoa

Miembros del Comité Ejecutivo de ALPEC

LOGKO JUANA CALFUNAO

Carta Abierta de Lonko Juana Calfunao al Presidente Chileno Sebastian Piñera

Wallmapu, 5 de enero de 2013

Sr. Presidente;

En mi calidad de autoridad tradicional, quiero expresar mis condolencias a los familiares de Luchsinger Lemp y su esposa Vivian McKay quienes resultaron con serios daños tanto materiales como pérdidas humanas. Dichos hechos ocurridos en vilcun, que antes de conocerse a sus autores, se lo han atribuido de forma inmediata a los mapuche. Nosotros los mapuche, somos los primeros en repudiar, la violencia, ya que hemos vivido este trato inhumano por casi 130 años.

Mi comunidad, mi familia y yo personalmente he sufrido numerosos atentados de esa naturaleza; elementos desconocidos quemaron tres veces mi casa; en uno de estos incendios encontramos calcinados los restos de mi tío Basilio Coñonao. Sin embargo, cuando somos los mapuches los afectados, y la injusticia de haber sido objeto de este tipo de violencia, debemos lamentar la insensibilidad de las autoridades y la indolencia de los medios de comunicación.

En estos casos, como el mío propio, no existen visitas del Presidente chileno, ni de sus Ministros y Parlamentarios ni se decreta el estado de sitio y mucho menos se les aplica a los autores la ley antiterrorista. No obstante, tenemos que seguir escuchando de las autoridades políticas de Chile que existe “igualdad ante la ley”. Esta falta de igualdad ante hechos tan lamentables como los sucedidos a la familia Luchsinger, una vez más esto nos confirma que los tribunales no son independientes, las autoridades políticas tratan con un racismo judicial marcado de una notada diferencia a nuestro pueblo. Como usted, Sr. Piñera, ha podido comprobar los mapuches no tenemos problemas a la hora de rechazar y condenar estos hechos tan lamentables como es el incendio ocurrido en Vilcun.

Usted debería reflexionar, sobre las torturas que la policía me infligió y que me provocaron un aborto quedando sin condena a los culpables; ¿por qué quedaron impunes los innumerables allanamientos arbitrarios a las casas de nuestras comunidades? El robo de dineros, la incautación de herramientas de trabajo y de aparatos de comunicación que nunca fueron devueltos? Todo ello me hace pensar que la policía no está al servicio de la sociedad y que para nosotros los mapuches no es garantía de seguridad y protección como debería serlo en un estado de derecho y régimen democrático.

Sin embargo, estos hechos han sucedido en un clima de violencia y confrontación de las autoridades políticas chilenas, quienes no pueden eludir su responsabilidad debido a la incapacidad política para solucionar el conflicto que se vive en nuestro Wallmapu. No debemos olvidar que los hechos mencionados han ocurrido en el contexto territorial de numerosas comunidades que luchamos por la restitución de nuestras tierras que injustamente nos fueron arrebatadas en el pasado, cuyo problema las autoridades chilenas no dan una solución satisfactoria que reduzca la pobreza que sufrimos los habitantes de dichas comunidades. Del mismo modo, también tenemos que tener en cuenta que los hechos han ocurrido en el quinto aniversario de la muerte de nuestro querido lamngien (hermano) Matías Catrileo, asesinado violentamente por la espalda y cuyos autores disfrutan de la más completa impunidad.

Las movilizaciones de nuestras comunidades mapuches, que van en aumento, se deben a la falta de justicia y al rechazo a cualquier tipo de dialogo productivo sobre la restitución de nuestro territorio. A ello hay que añadir la terrible injusticia que originó la anexión ilegal de nuestra Nación Mapuche a la jurisdicción del estado chileno hace 130 años, lo cual causó el empobrecimiento crónico que venimos sufriendo las comunidades desde entonces. Esta anexión ilegal nos quiso arrebatar nuestra identidad nacional y nos condenó a una vida sin dignidad que nos ha dejado en la total indefensión, criminalización y judicialización de nuestras demandas, por parte del estado chileno.

Nuestras protestas por un tratamiento más justo son criminalizadas, dando lugar a que se cometan las más atroces violaciones a los derechos humanos. Mi propio caso de nuevo sirve para ejemplarizar el trato injusto que sufrimos los mapuche. Por protestar por el no pago de un trazado usurpado por la MOP (ministerio de obras públicas) y Frontel, fui objeto de una implacable persecución política; fui acusada de atentar contra la autoridad y estuve cuatro años encarcelada junto a toda mi familia. Me aplicaron una ley retroactiva al extremo de que mi hija menor tuvo que ser enviada al exilio por la falta de seguridad.

Comparto el dolor de las familias mapuches que nunca encontraron justicia por sus seres queridos asesinados por la policía chilena. A la vida de nosotros los  mapuche no se le da el valor y significado que se le da a la vida de un winka (chileno), una mención especial a mis hermanos asesinados;

Matías Valentín Catrileo Quezada (2008), Julio Alberto Huentecura Llancaleo (2004), Xenón Alfonso Díaz Necul (10-05-2005), José Huenante Huenante (16 años, detenido por la policía y luego desaparecido),  Juan Collihuin Catril  (Agosto 2006, 71 años), Johnny Cariqueo Yañez (2008). Jaime Facundo Mendoza Collío (julio-agosto 2009) José Marcelo Toro Ñanco, 35 años (noviembre 2009).

Sr. Piñera, el mundo es testigo de las injusticias que su gobierno y el estado chileno cometen y han venido cometiendo durante estos 130 años. Como autoridad de mi pueblo no puedo dejar de mencionar estas injusticias porque yo las he vivido personalmente, y aún las vivo. Como Autoridad Tradicional (Lonko) le exijo, que termine con la persecución política y los allanamientos; que se termine con el hostigamiento hacia las comunidades que se encuentran cercadas por la policía, que se tenga consideración con las madres mapuches que sufren la represión cotidiana, con los jóvenes heridos y detenidos y con los niños traumatizados por la violencia policial.

Exigimos una solución urgente a la situación de los detenidos que están en huelga de hambre porque no se les respetó el debido proceso. También es inaceptable que nuestros hermanos detenidos mapuche sufran largas medidas cautelares en la cárcel hasta que se compruebe su inocencia, como ha sucedido a miembros de mi grupo familiar y a muchos otras autoridades y miembros de mi pueblo Mapuche, a pesar de lo injusto de sus detenciones, jamás han tenido ni la más mínima reparación o compensación por la desarticulación de la familia, por los daños económicos, físicos y psicológicos.

Como usted ha podido comprobar, los mapuche tenemos razones fundadas para desconfiar de la buena fe de su gobierno y de los anteriores. Mañana 6 de enero, fecha en que los mapuche conmemoramos el establecimiento de la frontera en 1641 y nuestra independencia que el estado chileno opto por ignorar hace 130 años atrás, desde entonces todos los gobiernos han eludido su responsabilidad de tratarnos con igualdad y justicia. Nos sentimos excluidos del derecho y víctimas de una política que nos ha tratado de erradicar como pueblo para asimilarnos y hacernos desaparecer. Este es uno de los principales motivos por lo cual los mapuches no nos sentimos identificados con su país. Sin lugar a duda, es indispensable, Sr. Piñera, tener voluntad política para solucionar el conflicto y conseguir la paz social, que los mapuches tanto deseamos, y que termine de una vez con este clima de militarización de nuestro territorio y enfrentamientos que lamentablemente ya ha costado la vida a demasiadas personas Mapuches y Chilenos.

Atentamente…Lonko Juana Calfunao Paillalef
Comunidad Juan Paillalef
Sector Curaco Camino Lago Colico
Territorio de la Nación Mapuche

Carta Abierta a la ex Presidenta Bachelet de la Comisión Ética Contra la Tortura

Las violentísimas agresiones a las comunidades Mapuche, que forman ya parte de la «cultura represiva» del Estado chileno -y sobre las que Ud. más de algo podría decirnos al respecto, pues bajo su mandato presidencial se asesinaron los jóvenes Mapuche Matías Catrileo Quezada, el 3 de enero de 2008, y Jaime Mendoza Collío, el 12 de agosto de 2009, ambos ultimados por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE)-, no terminan de contarse, muy por el contrario, se acrecientan e involucran cada vez más a mujeres y niñas sin que Ud. haya hecho el más mínimo comentario.

Señora Michelle Bachelet Jeria
Directora Ejecutiva de UN Women
405 East 42nd Street Nueva York,
NY 10017 United States

Estimada Directora:

Los miembros de la Comisión Ética Contra la Tortura de Chile, nos dirijimos a Ud. en su calidad de Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, con el objeto de llamar su atención sobre las graves violaciones a los derechos humanos de mujeres, jóvenes y niñas, que ocurren hoy en Chile, su país natal, y el que Ud. presidiera como Jefa de Estado, entre el 11 de marzo de 2006 y el 10 de marzo de 2010.

Nuestra carta está motivada por su indolencia frente a las graves discriminaciones, violencia y exacciones del Estado chileno frente a sus compatriotas y, muy especialmente, contra las mujeres y niñas Mapuche, escolares y estudiantes, circunscribiendo así, voluntariamente esta misiva -sin referirnos a los otros sectores de la sociedad-, a la temática que la interpela, en tanto responsable de ONU Mujeres, por mandato de la Asamblea General en su sexagésimo período de sesiones de fecha 2 de julio de 2010 y cuya investidura Ud. asumió el 1° de enero de 2011, sin que hasta la fecha haya pronunciado opinión alguna sobre el tema citado

Cuesta creer que, desde su alto rango, carezca de informaciones sobre lo que acontece en su país, más aún, cuando sabemos que jamás ha cesado sus actividades políticas desde que dejara el poder y que su nombre aparece constantemente en el cotidiano de chilenas y chilenos desde que su sucesor asumiera el gobierno en marzo de 2010

La Comisión Ética Contra la Tortura, organismo de defensa de los derechos humanos en Chile y también con sede en el exterior, la invita formalmente a romper el silencio y dar respuesta a las interrogantes que nos asisten

El 26 de agosto pasado, el New York Times publicó un artículo bajo el titulo “Volonters Keep Watch on Protests in Chile”, que no sólo entrega antecedentes de la represión actual, sino también de las nuevas formas que ésta ha adquirido, en términos de acosos y torturas sexuales aplicadas a menores liceanas, jóvenes estudiantes y mujeres adultas. Solamente la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), ha recogido más de 25 denuncias por violencia sexual policial, que serán presentadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el próximo 28 de octubre. Así, en Washington, se expondrá la situación de violaciones policiales en movilizaciones y de criminalización de la protesta social, en circunstancias que la Constitución chilena garantiza el derecho a reunión sin permiso, pero se aplica el Decreto Supremo 1086 dictado a principios de 1980, es decir en plena dictadura militar.

En esa ocasión, la Asesoría Ciudadadana tomará como base el Protocolo de Estambul (09/08/1999 – Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU) que fija el procedimiento y los mecanismos de investigación de las detenciones ilegales, del uso desmedido de la fuerza y de la tortura, entre otros actos ilegales de la fuerza pública.

Para estos fines, precisamente, desde las protestas estudiantiles del año 2011, la sociedad civil ha ido creando grupos de observadores de derechos humanos que tienen como misión, constatar, asistir, recoger y darle cauce legal a los testimonios de las víctimas de la represión, en la calle o donde ocurran violaciones flagrantes a los derechos humanos. Se da el caso –denunciado ante la OMCT-, que nuestra propia Presidenta, Juana Aguilera, fue víctima de una brutal agresión por un civil, seguramente «no tan civil», mientras ejercía su derecho de ciudadana y observadora, con sus credenciales de rigor afichadas visiblemente, el 23 de agosto pasado, durante una manifestación de estudiantes en las afueras de la Casa Central de la Universidad de Chile que era asaltada por las Fuerzas Especiales.

Las «desapariciones express» que han sufrido numerosas niñas que, una vez detenidas en un furgón policial, «desaparecen» durante 5 a 8 horas sin que NADIE pueda obtener alguna información sobre su arresto ilegal. ¿Acaso este tipo de prácticas no evocan los años sórdidos de la dictadura de las cuales tantos chilenas y chilenos, Ud. y su propia familia, fueron víctimas?

Las violentísimas agresiones a las comunidades Mapuche, que forman ya parte de la «cultura represiva» del Estado chileno -y sobre las que Ud. más de algo podría decirnos al respecto, pues bajo su mandato presidencial se asesinaron los jóvenes Mapuche Matías Catrileo Quezada, el 3 de enero de 2008, y Jaime Mendoza Collío, el 12 de agosto de 2009, ambos ultimados por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE)-, no terminan de contarse, muy por el contrario, se acrecientan e involucran cada vez más a mujeres y niñas sin que Ud. haya hecho el más mínimo comentario.

¿Acaso no supo Ud. qué en los territorios Mapuche de Temucuicui, el 23 de julio último, fuerzas especiales de la policía militarizada irrumpieron en las inmediaciones del hospital de Collipulli hiriendo a bala a cuatro niños Mapuche después de atacar alevosamente sus comunidades?. ¿No supo tampoco que el 26 de julio de 2012, tres mujeres Mapuche, una de ellas con su hija de 2 años, todas integrantes de la Alianza Territorial Mapuche, se tomaron la sede de la UNICEF en Santiago de Chile para solicitar la intervención de esa entidad de Naciones Unidas frente al gobierno chileno y su Ministerio del Interior, demandando el cese de la militarizacion de sus comunidades, más aún, la vocera Mewlen Huecho realizó una huelga de hambre en la misma sede entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre.

Sin ir más lejos, el 3 de septiembre pasado, estas mismas fuerzas especiales de policía golpearon brutalmente a las comuneras que se oponían a la ejecución de un plan de construcción de hidroeléctricas en las cercanías del lago Neltume, patrocinadas por dos grandes multinacionales que Ud. muy bien conoce: ENDESA y ENEL.

El 9 de septiembre el GOPE aplicó una violenta represion a la romería organizada por entidades de Derechos Humanos para conmemorar 39 años del Golpe Militar del 73.

Y así podríamos citar muchísimas situaciones que afectan directamente a las mujeres mapuche y chilenas. Sorprende profundamente, tanto a las organizaciones de derechos humanos de Chile y del exterior, así como a la sociedad civil, que Ud., ejerciendo antes como Presidenta de Chile y hoy, como Directora de «UN Women» de Naciones Unidas, haya optado por un silencio sepulcral frente a estos hechos.

¿Qué hacer para revitalizar su sensibilidad de mujer y de responsable de un organismo internacional tan importante?. Tendríamos que recordarle que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, durante la ocupación pacífica del Servicio Nacional de la Mujer –SERNAM- en Santiago, 14 mujeres del Partido Igualdad, del Movimiento de Pobladores en Lucha, mujeres Mapuche, y de ANDHA, fueron detenidas por defender sus derechos de género?

¿Qué, durante su gobierno, la militante de la causa Mapuche Patricia Troncoso, realizó una huelga de hambre de 112 días, entre el 10 de octubre de 2007 y el 30 de enero de 2008, reclamando también sus derechos de mujer y de presa política?

¿Qué Ud. negó en aquél entonces su legítimo derecho a comunicarse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contacto solicitado por el propio Secretario Ejecutivo de este organismo?

¿Qué, en la Primera Conferencia Europea sobre los Mapuche, realizada en el Parlamento Europeo de Bruselas, el 26 de Marzo 2011, la Lonko Juana Calfunao que estuvo presa, (perdió un embarazo de 6 meses, a causa de la violencia policial) junto a otros miembros de su familia y su niña menor exiliada en Suiza durante su gobierno, se dirigió a usted a viva voz reclamendole derechos que le fueron negados?. ¿Que, a la misma dirigente de la comunidad Juan Paillalef, con ocasión de la 4a. Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, celebrada en Ginebra el 15 de julio del mismo año en la sede de la ONU, después de su corta alocución, Ud. se limitó a responderle en inglés?

Y, cuándo a Ud. le fue otorgado el Premio Honoris Causa de la Universidad de Santander, España, el 2 de septiembre de 2010, mientras 32 comuneros Mapuche permanecían en huelga de hambre en sus respectivas cárceles, usted señaló: «Como médico digo: las heridas que están contaminadas, que no están limpias, nunca curan».

No podemos dejar de recordar que durante su mandato como Jefa de Estado, por primera vez, se aplicó la Ley Anti-Terrorista (LAT) contra los Mapuche y que el número de detenidos fue el mayor de las últimas décadas, alcanzando los 140.

Señora Michelle Bachelet Jeria, consecuentes con nuestra exposición y argumentación, la instamos solemnemente a pronunciarse sobre los elementos indicados y dar a conocer su pensamiento sobre estas graves violaciones en Chile a los derechos humanos de valor universal y que, desde su alto rango oficial de una instancia de la ONU, no puede
seguir silenciando.

Le saludan muy atentamente,

Juana Aguilera J., Presidenta, Comisión Ética Contra la Tortura -Chile
José Venturelli B., Vocero del Secretariado Exterior de la Comisión Etica Contra la Tortura
Septiembre, 15 del 2012.
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Comisión Ética Contra la Tortura - CECT
11 años luchando contra la Tortura en Chile
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Providencia
Santiago, Chile
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